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INDEMNIZACIÓN POR MALA PRAXIS EN UN PARTO

 




El Juzgado Contencioso-administrativo número 9 de Barcelona ha condenado al Servicio Catalán de Salud a indemnizar con 900.000 euros a una niña y a sus padres por los graves daños físicos y neurológicos que sufrió la menor en el parto.

 

Según se desprende de la sentencia, el estado hipertensivo de la madre provocó el desprendimiento prematuro de la placenta, lo que causó el sufrimiento fetal.

 


CompensaciónLos demandantes alegaban que el equipo médico que atendió a la gestante no hizo nada para evitar el sufrimiento fetal y que no se realizó una monitorización de las cifras tensionales, ni una ecografía Doppler, pese a ser preceptiva en los protocolos de actuación médico científica.

 

"Todos estos síntomas eran elementos suficientes para indicar la finalización del embarazo y evitar de esta manera un desprendimiento prematuro de placenta", relata la demanda. Además, mantenían que, dado el dolor epigástrico y la hipertensión, debería haberse realizado en el ingreso una cesárea con carácter urgente y no esperar para su práctica hasta que se presentó la bradicardia.

 

 


Graves secuelas

 


La niña sufre actualmente graves secuelas neurológicas que le hacen necesitar la asistencia de una tercera persona y padece grandes limitaciones funcionales. Además, no puede controlar los esfínteres, sufre sedestación y reacciones de equilibrio deficientes sin deambulación -requiriendo silla de ruedas- y movimientos distónicos en extremidades.


La sentencia, que recoge las argumentaciones de José Aznar Cortijo, representante de la Asociación El Defensor del Paciente en Barcelona, se apoya en un informe pericial que señala que el desprendimiento de la placenta influyó en las lesiones sufridas por el feto, al provocarle el sufrimiento fetal.


En este sentido, el perito no tiene dudas acerca de la relación entre la hipertensión que sufría la madre de la niña y el desprendimiento de la placenta, afirmando que "no se realizó ninguna prueba para descartarla".

 

 


Lo que dice el protocolo

 


Según el informe pericial, en estos casos el protocolo indica que se debe evaluar el estado fetal y placentario mediante cardiotocografía y ecografía, "y esta última prueba no se llevó a cabo, teniendo en cuenta además que el resultado de la cardiotocográfía era altamente sospechoso". Al no emplearse este medio diagnóstico "se produjo una demora o pérdida de tiempo preciosa con un efecto fatal para el feto, ya que hasta que no apareció la bradicardia no se decidió realizar la cesárea".


El juzgado barcelonés razona que, si bien se trataba de una complicación que se presentó probablemente de súbito, "la gestante presentaba síntomas que se sumaban a la hipertensión que pudieron hacer pensar en lo acontecido y que se podrían haber detectado de haberse acudido de inmediato a medios de diagnóstico como la ecografía y el Doppler".


Por todo ello, el juzgado concede la indemnización señalada anteriormente de 900.000 euros.

 

 

 

 

Fuente:  Diariomedico.com

 

 

 

www.periciamedica.es

   

 

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